Con frecuencia las personas con discapacidad hemos de hacer uso del servicio a domicilio que ofrecen los supermercados. Corremos, por tanto, con los gastos correspondientes. Teniendo en cuenta que resulta una necesidad, tal vez debería haber una normativa que obligara a estas grandes superficies a ofrecernos el servicio de forma gratuita. Pero no podemos olvidar el caso de unidades familiares compuestas en su totalidad por personas discapacitadas. Esto agrava una situación no contemplada en la legislación vigente.
